LOS FIDEICOMISOS EN MÉXICO

Según la investigación de Sarahí Salvatierra del Centro de Análisis de Investigación, A.C, publicado en 2018, Un fideicomiso es la transmisión de un bien o una propiedad a un tercero para que la administre en favor de un beneficiario, en México se reguló ingresando esta transacción al derecho privado como un contrato jurídico de carácter mercantil y financiero, La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito lo considera como una operación de crédito.

El estado mexicano constituyó fideicomisos para satisfacer intereses nacionales y necesidades populares, pero como no tienen estructura orgánica no cuentan con unidades de vigilancia, control y ejecución del fideicomiso.

A finales del 2017  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía registro de 337 actos jurídicos cuyo monto total de recursos públicos disponibles asciende a: 772,063.2 mil millones de pesos, Equivale al 14.62% del presupuesto de egresos de 2018, desglosados de la siguiente manera:

250 actos jurídicos federales por un monto de 760,440.2 

Estatales 60 por un monto de 7,146.0 

Privados 27 por un monto de 4,477.0 

Existen fideicomisos realizados en los otros poderes de la nación así como fideicomisos en organismos autónomos.

Fideicomiso en la cámara de senadores, por el monto de 654 mil millones de pesos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con seis fideicomisos, que suman un monto de 4,594.7 mil mdp. La mayoría de estos recursos se canalizan en los rubros de prestaciones salariales o jubilaciones.

 El Consejo de la Judicatura Federal maneja otros cuatro fideicomisos cuyo monto rebasa los 8 mil millones de pesos. Pero destaca que el segundo fideicomiso con mayor disponibilidad de recursos es para pensiones complementarias de Magistrados y Jueces jubilados, con un monto similar al fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa la reforma constitucional en materia penal. Mientras, el fideicomiso que tiene como fin el mantenimiento de casas habitación de Magistrados y Jueces jubilados fue el que más ingresos y egresos reportó durante el 2017.

El Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación cuenta con dos fideicomisos cuyos montos ascienden a 12.3 mil mdp.

En la Cuenta Pública de 2016, la mayor disponibilidad de recursos públicos en fideicomisos creados por organismos autónomos se concentraba en el Instituto Nacional Electoral y representaba 2 mil 234.3 mdp (cifras en pesos constantes de 2018). Para el cuarto informe trimestral del presupuesto para el ejercicio de 2017, el INE no reportó montos de sus dos fideicomisos.

Para diciembre de 2017, había casi 68 mil 047 mdp de recursos públicos en 139 fideicomisos administrados por instituciones financieras privadas.20 Esto es particularmente grave pues implica que grandes cantidades de recursos públicos sean manejados por entes privados. 

El total de recursos públicos disponibles a través de fideicomisos públicos asciende a: 835 mil 477.8 mdp. Que equivalen al 15.82% de todo el presupuesto de 2018, y al 4.12% del PIB.

Los datos citados solo se conocen de forma general, pues había una gran secrecía y opacidad en los manejos de estos fideicomisos, las entidades públicas y privadas que los manejaban no estaban dispuestos a la rendición de cuentas, según la escritora del libro, se realizaron muchas solicitudes de información y les fueron negadas o entregadas parcialmente, sin desglosar los gastos y por ello es difícil comprobar si los fideicomisos cumplían la función para la cual fueron creados.

Un ejemplo de ello es que El 25 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se creó un mecanismo para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos, se delinearon las medidas que se implementarían y en el artículo 49 de la ley se estableció que los recursos del mecanismo se administraría por medio de un fideicomiso.

El presupuesto asignado al Mecanismo de 2013 a 2015, ronda los 162 mil mdp, y se ha dado un subejercicio de los recursos cada año. En 2013 éste fue del 0.8%, en 2014 del 11.8%, y en 2015 del 22.9%. Sin embargo, en los documentos públicos del presupuesto no se señala el monto destinado al fideicomiso.

En 2016 y 2017 no se asignó presupuesto al fideicomiso y se señaló que el Programa del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas se habían fusionado en el denominado Programa de Derechos Humanos, naciendo la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (UPDDH)

Para 2016 se asignaron 206 mil mdp, para 2017 el presupuesto disminuyó considerablemente a sólo 16 mil mdp y para 2018, aumentó a 200 mil mdp.

Desde la creación del fideicomiso se han erogado 234 mdp del Fondo. Por otro lado, los recursos han aumentado de manera considerable, al pasar de 52 mdp en 2012, a una disponibilidad de 330 mil mdp en 2017.

La Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos presenta periódicamente informes de actividades del Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en los que señala de manera más detallada el número de personas inscritas al mecanismo y las medidas que se les proporcionan. 

Del año 2012 a mayo del 2017 se brindó protección a 290 periodistas según cifras proporcionadas por gobernación a la autora el libro y 406 defensores de Derechos Humanos, sumando las personas protegidas por año fueron 696

La Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos  señala que el monto ejercido con cargo al fideicomiso para la implementación de medidas de prevención y protección durante 2015 ascendió a 119 mdp y para 2016 representó 170 mdp. En contraste, en la Cuenta Pública se establece que el monto ejercido del fideicomiso durante 2015 fue de 63 mdp y durante 2016, de 153 mdp, las cifras no concuerdan.

Según la autora del libro la información general obtenida sobre este fideicomiso es básica, mínima, confusa, disímil, poco accesible y no permite tener claridad sobre la administración, los gastos, las fuentes que alimentan el patrimonio del fideicomiso, ni los informes de evaluación y cumplimiento.

La paradoja es que artículo 19, presentó un informe titulado democracia simulada, donde reporta que en el año 2017  documentaron 507 agresiones contra periodistas y 12 asesinatos.

¿Quién se gastaba los fideicomisos? ¿En realidad se usaron para mitigar las necesidades populares? 

Ante este panorama de opacidad y falta de rendición de cuentas, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la cámara de diputados que le permitieran proceder a la extinción de 109  fideicomisos y de esta manera tener la libertad de usar los recursos para afrontar los estragos económicos suscitados por  la pandemia.